Quizás te interese saber que unos 30.000 alumnos de las universidades públicas
españolas son expulsados cada año de sus carreras por bajo rendimiento, según
las estimaciones de expertos. Los campus fijan de forma autónoma unas líneas
rojas que afectan sobre todo a los primeros cursos de la titulación para que el
estudiante no se eternice en una carrera mal elegida. En las universidades
públicas hay más de un millón de matriculados.
Esta regulación, pensada para
garantizar el buen uso de los fondos públicos, suele pasar desapercibida para
los estudiantes. Lo ha puesto de manifiesto la protesta de las últimas semanas
de un grupo de alumnos de la Universidad de Oviedo contra una norma que ven
arbitraria y poco publicitada.
Los
criterios para decidir si un universitario está perdiendo el tiempo en su
facultad están recogidos en las llamadas normativas de permanencia. La mayoría
de las universidades públicas las revisaron a partir de 2008 con la
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, el llamado plan
Bolonia. Las normas incluyen básicamente un número mínimo de créditos a aprobar
y un plazo máximo de tiempo para hacerlo. Normalmente, permiten al expulsado de
un título una segunda matrícula en otra carrera de la misma universidad tras la
expulsión. No suelen contemplar terceras oportunidades.
Antes del 2008, se requería que
el estudiante agotara un número determinado de convocatorias de examen, ahora
suelen distinguir entre alumnos con dedicación total o parcial y fijar un
número mínimo de créditos a superar en un periodo de tiempo determinado, sin
incluir distinciones entre carreras.
La Universidad de León fija un
mínimo de 12 créditos aprobados por curso, lo que equivale generalmente a dos
asignaturas (la media es de seis créditos por materia). Tiene 157 afectados de
13.582 alumnos. La Universidad de Barcelona prevé 18 créditos cuando el alumno
se matricule a tiempo completo (60 créditos anuales). Entre las más duras está la Pompeu Fabra, que fija que se deben aprobar la mitad de
los créditos matriculados en el primer curso para seguir matriculado en ese
grado.
La Complutense
o la de Sevilla piden que el alumno de primer curso apruebe al
menos una asignatura para poder seguir en esa titulación y permiten agotar
hasta seis convocatorias de examen por materia. En Sevilla hay solo 19
afectados de 64.000 alumnos. Su vicerrectora de Estudiantes, Pastora Revuelta,
defiende que las normas sean distintas entre universidades, como ocurre con las
notas de corte o los criterios de acceso. “Con todas las restricciones que ya
existen, es absurdo cambiarlas. El incremento de precios aprobado para
segundas, terceras y cuartas matrículas [en las que el alumno paga hasta el
100% del coste] ya es bastante persuasivo”, señala Revuelta.
Fuente: El País Ver también: "Así son las normativas de permanencia de las universidades madrileñas" y "Un universitario cuesta al Estado por curso más de 6000 euros"
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